20/10/2017

Tucumán

En las últimas dos semanas hubo más de 800 denuncias por violencia de género

En agosto pasado se conformó la mesa de emergencia en violencia contra la mujer para comenzar a aplicar la ley 8.981, que había sido publicada en febrero de este año por el Poder Ejecutivo.
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Los fiscales estiman que podrían llegar a 1500 denuncias.

El número sorprendió a todos en la fiscalía V°: recibieron más de 100 denuncias diarias por violencia de género durante los 11 días que duró el último turno. “Este es el nuevo flagelo y es tan grave como la droga”, dijo el fiscal Washington Navarro Dávila, quien en ese mismo plazo privó de la libertad a casi 40 agresores.

El turno de la fiscalía V° comenzó el 6 de octubre y se extendió hasta el 17. A lo largo de esos 11 días, ingresaron 800 denuncias por violencia de género. Sin embargo, Navarro Dávila estimó que ese número podría extenderse hasta 1.300 o 1.400 debido a que todavía hay varias denuncias correspondientes a esas fechas que están en las comisarías a la espera de medidas o en mesa de entrada de tribunales.

El fiscal remarcó, además, que a esos casos hay que sumarles varios otros que, por distintas razones, nunca llegan a ser denunciados formalmente por las víctimas. El fiscal estimó que deben representar un 40%.

En cuanto a las medidas que adoptó su fiscalía, indicó: “en los casos en que se comprueba la agresión con lesiones, uso de armas, amenazas o causas reiteradas, se toman medidas de detención e incluso pedidos de prisión preventiva y elevación a juicio”. En ese sentido, señaló también que durante el último turno hubo “en total, unas 85 causas con detenidos, que podrían llegar a ser 100 cuando terminen de ingresar todas las denuncias. De ellos, un 40% aproximadamente corresponde a violencia de género”.

Los números alarmaron tanto a Navarro Dávila que expresó: “este es el nuevo flagelo y es tan grave como la droga. De hecho, tenemos dos instructoras dedicadas exclusivamente a violencia de género en la fiscalía”.

Respecto al incremento de las denuncias, analizó: “no sé si hay más casos ahora; creo que se debe a que hay más organismos que se dedican a luchar contra este delito y las víctimas ven que hay más respuestas. En otra época solamente se hacía una multa y nunca prosperaba; no había las medidas restrictivas de ahora; por eso la gente se anima más”.

“Hoy las personas se animan más a denunciar, hay mayor concientización en la sociedad. Al haber más información, más campañas y servicios, hay más consultas”, sostuvo, por su parte, Lucía Briones, responsable del Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos.

Pero Briones planteó una crítica hacia el sistema judicial que tiene que ver con la falta de sanciones. “Cuando hay una denuncia por violencia, después de que el fiscal adopte una medida y la pase al fuero de familia, que siga investigando el delito, que haya un juicio y una condena. Hay mujeres que tienen denuncias en cuatro o cinco fiscalías y que no se unifican nunca, no hay un juicio y una sentencia. Y las víctimas necesitan que exista una sanción. Esa es la falla que encuentro en la Justicia en cuanto a violencia de género”, remarcó. “Del mismo modo, a veces cuando se viola una prohibición de acercamiento, al hombre le dan otra prohibición en lugar de detenerlo”, agregó.

Briones consideró que condenar a los agresores es también una manera de hacer prevención. “Es necesario que ellos vean que existe una consecuencia de su actuar. Tenemos leyes; sólo falta que se apliquen con mayor conciencia así después no tenemos que lamentar muertes anunciadas como son los femicidios”, insistió.

En agosto pasado se conformó la mesa de emergencia en violencia contra la mujer para comenzar a aplicar la ley 8.981, que había sido publicada en febrero de este año por el Poder Ejecutivo. Representantes de los tres poderes ya mantuvieron algunas reuniones donde se analizaron posibles medidas a adoptar para ponerle un freno a la violencia de género.

Miembros de esa mesa comentaron cuáles fueron las medidas planteadas como prioridad: políticas públicas en materia de violencia, la necesidad de coordinar y articular entre los tres poderes para llevar adelante un trabajo interdisciplinario debido a la complejidad de los casos, así también la necesidad de que todas las personas sepan a dónde acudir en busca de ayuda.




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