Causa Viviendas: piden la prisión preventiva para todo el grupo de falsos gestores

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°4 de esta capital solicitó la prisión preventiva del grupo de gestores falsos del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). El titular de esa oficina, el fiscal Diego López Ávila, presentó los requerimientos con cargo extraordinario ayer a la mañana, al reincorporarse a su despacho luego de una licencia, según informó.

En principio, el pedido de privación de la libertad ha de ser analizado y resuelto por el juez de Instrucción en lo Penal N°3, Juan Francisco Pisa, quien controló el proceso durante la feria estival.

La petición de prisiones preventivas -que, en caso de ser otorgadas, podrían extenderse hasta dos años- alcanza a los supuestos facilitadores de viviendas sociales detenidos en el ámbito de la causa que abrió López Ávila en enero, y donde constan denuncias de la propia interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, y de un número signficativo de ciudadanos que dicen haber sido estafados por una presunta asociación ilícita. En su momento, el fiscal había pedido la detención de María Esther Soraire, Marta Elena Campos, Adela Aydeé Bustos, Anabel Jiménez, Elizabeth Alzogaray, Luis Ramallo, Emmanuel Ramallo, César Zurita y Analía del Valle González.

La mayoría de los sospechosos ya se entregó a la Justicia, entre ellos Alzogaray, posible jefa del grupo. Las pistas recolectadas indican que esta presidía una cooperativa, Nuevo Amanecer, creada durante la gestión de David Mizrahi, hoy concejal alineado a la Casa de Gobierno, en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Distintas fotografías publicadas en las redes sociales conectan a Alzogaray con el Instituto de la Vivienda y con las autoridades del Gobierno.

En algunas de estas imágenes, la presunta gestora aparece con el senador José Alperovich, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el diputado José Orellana y el legislador Ramón Santiago Cano, todos del Partido Justicialista, pero los dirigentes negaron conocer a Alzogaray. La pesquisa de López Ávila determinó que la imputada había trabajado en el Concejo Deliberante capitalino en 2016. Su contrato político fue firmado por el entonces presidente Javier Aybar, quien atribuyó la designación a un edil afín al Gobierno provincial. Aybar dijo que iba a dar el nombre a la Justicia.

La red de intermediarios identificada por la Justicia habría cobrado entre $ 4.000 y $ 30.000 para interceder en la adjudicación de casas construidas con fondos públicos. Los gestores ilegales tendrían un modus operandi aceitado en el Estado, inserción que les permitió ofrecer viviendas en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena. La comunicación con "los clientes” tenía lugar en un grupo de WhatsApp.