16/11/2016

Argentina

Denuncian que la ANSES suspendió las pensiones a extranjeros en el país

Un convenio entre el organismo y Migraciones establece que se deba “verificar la residencia” de todos aquellos beneficiarios de prestaciones sociales antes del pago.

Un convenio recientemente firmado entre la ANSES y la dirección nacional de Migraciones para “verificar la residencia” de todos aquellos beneficiarios de prestaciones sociales estaría perjudicando a los ciudadanos nacidos en otros países con residencia en Argentina, quienes se ven impedidos de percibir sus magras pensiones, según denuncia el portal La Izquierda Diario.


De acuerdo con el sitio, con esta medida, según la información oficial difundida, se apunta a “evitar abusos o la falta de transparencia en el otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social”. En lo inmediato, la resolución congela el pago de haberes y asignaciones hasta tanto se realice el entrecruzamiento de datos, para el cual no hay plazo ni fecha estipulada.


El autor de la nota, Juan Manuel Jardim, cita el caso de Dora Franco, que tiene 70 años y vive en La Boca y tiene 70 años. El lunes Dora se dirigió a una sucursal del banco Francés para cobrar por primera vez su Pensión Universal para el Adulto Mayor, reglamentada por la “ley de reparación histórica”, que alcanza a aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con una prestación previsional contributiva. La misma, equivale tan sólo al 80 por ciento de la jubilación mínima, y apenas se acerca a la magra suma de $4.000. Sin embargo, un detalle no le iba a permitir cobrar esta pequeña suma: Dora nació en Paraguay.

 

En 1982, durante la dictadura de Stroessner a la que ella y su familia se opusieron, Dora llegó a la Argentina. Desde entonces, hace 34 años que vive de manera ininterrumpida en el país, donde se dedicó a trabajar como empleada doméstica en casas de familia, siempre en negro, por lo cual nunca contó con aportes previsionales.

 

A pesar de toda una vida de trabajo, hoy ni siquiera tiene el derecho de acceder a cobrar esa mínima pensión que establece la ley que el macrismo anunció con bombos y platillos.


El hecho se produce en un marco de reactivación de las expresiones xenófobas que buscan convertir a los extranjeros en chivo expiatiorio de la crisis que atraviesa el país. Días atrás, el senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel “Micky” Pichetto aseguró que “uno de los problemas de la Argentina es la cultura igualitaria” y hasta se atrevió a referirse a los inmigrantes como “resaca”. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de Cambiemos, Claudio Avruj, y hasta el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se expresaron en la misma línea: “El extranjero que comete un delito tiene que ser expulsado después del cumplimiento de su condena. Es clave que tengamos la capacidad de hacer un control estricto porque si la frontera es un colador, la droga en los barrios avanza”, afirmó el diputado. El Gobierno prepara un plan para endurecer los controles migratorios y el plan es avalado a coro por la inmensa mayoría de los políticos del régimen.

 

Según señala el diario de la izquierda, el caso de Dora, como el de miles de inmigrantes que hoy viven en el país, muestra que estas declaraciones están lejos de quedar “a título individual” y más bien apuntan a convertirse en una política de Estado. De esta forma, el macrismo aplica un brutal ataque contra un derecho elemental como es el cobro de la pensión para quienes se pasaron toda su vida trabajando.




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