Concejales de Yerba Buena denuncian al intendente Campero

Concejales del municipio de Yerba Buena presentarán una denuncia en contra del intendente, Mariano Campero, y del presidente Mauricio Macri, debido a la contratación directa millonaria del mandatario municipal ante el Gobierno Nacional.

El macrista Pedro Albornoz Piossek y los radicales Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Benjamín Zelaya redactaron una carta documento y se la enviaron al área de Vivienda y Hábitat de la Nación, dirigida a Marina Klemensiewicz, secretaria de Infraestructura Urbana de Mauricio Macri.

Las quejas de los disidentes llevaron a sus pares en el recinto a aprobar una citación para que los funcionarios que avalaron el cuestionado expediente vayan al Concejo a brindar explicaciones. La convocatoria es para este lunes.

En paralelo, acudieron a la Nación con la advertencia de que la denuncia penal que pretenden formular contra Campero por presunta defraudación alcanzará también a funcionarios nacionales.

En el texto remitido, advierten que el jefe municipal manifestó que la mencionada Klemensiewicz estaba al tanto de lo resuelto; es decir, de la contratación directa a la empresa “Valdez, construcción y diseño”. “En razón de la vinculación realizada por el intendente, respecto de que usted está en pleno conocimiento y que aprobó la contratación, lamentamos tener que proceder a formular la denuncia penal correspondiente también en su contra”, remarcaron los ediles opositores.

A mediados de abril, la Municipalidad firmó el contrato por $ 4,5 millones con la familia Valdez por el cual le encargó la realización de 7.500 metros cuadrados de hormigón en unas 10 calles del barrio San Expedito y del loteo Cossio. La principal razón que plantearon Campero y su gabinete para justificar su decisión de eludir el mecanismo de licitación pública es que necesitaban que la pavimentación se hiciera con vecinos, para darles trabajo y porque los mejoramientos en ese sector se enmarcan en un proyecto social.

Las cuadras que se le encomendaron a la familia Valdez forman parte de la reestructuración que se realiza en el barrio San Expedito, situado atrás de los predios de la Sociedad Rural y en el que viven unas 370 familias de bajos recursos. El programa es financiado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, y supone una inversión que ronda los $ 57 millones. De ese total, Campero afirmó que -para cuando hayan acabado- más de $ 50 millones habrán sido licitados.

En la carta documento, los opositores advierten sobre un nuevo decreto firmado por Campero, el N° 316/18, mediante el que cambió el nombre del contratista. Así, mientras en el instrumento original (N° 249/18) el vínculo era con la empresa “Valdez Construcción y Diseño” de Juan Valdez, en el segundo el nombre del contratista es “Valdez Construcción y Diseño de Leonela de los Ángeles Valdez”, y con un domicilio distinto, según remarcaron.

“Respecto de esta empresa unipersonal, denunciamos que no se encuentra inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), como tampoco en ningún registro de la provincia y menos aún municipal. Tampoco se encuentra inscripta en la AFIP como empleadora, sino que se encuentra registrada con categoría T pudiendo facturas hasta $ 20.000 anuales y se inscribió en marzo de 2017”, expusieron en el documento. Además, advirtieron a la funcionaria nacional que la firma contratada carece de capacidad de obra. “Es una gravísima situación por el modo de contratación y la persona contratada, ya que habría percibido el 70% del monto lo que implica que las obras comenzaron antes de su contratación; es decir, sin el cumplimiento de ninguna norma legal”, sentenciaron. (lagaceta.com.ar)