La empresa de la familia Macri propuso ceder sus instalaciones de Monte Grande, valuadas en mil millones de pesos, donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial.
Buscan impedir que la fiscal Boquín siga investigando el supuesto vaciamiento de la empresa estatal transfiriendo fondo a dos de las firmas más importantes del holding presidencial.
El procurador interino anuló la designación de Juan Pedro Zoni en la fiscalía federal que ocupaba desde hace tres años y lo envió a un fuero de menor importancia. Había pedido nuevas medidas de prueba y tenía a su cargo otras causas sensibles para el Gobierno.
Ya tiene una deuda acumulada de 4 mil millones de pesos que data del 2001 se rehusa a pagar y, por el contrario, demandará al Estado. En ese sentido, la compañía de la familia del presidente reclama 2.300 millones más intereses
La empresa de la familia presidencial volvió a la carga contra Gabriela Boquín, quien reveló el escandaloso acuerdo que el Gobierno buscaba cerrar por los $70 mil millones con la empresa postal.
El Ministerio de Trabajo aprobó un procedimiento preventivo de crisis, que incluirá el despido de cuatro mil trabajadores en dos etapas. Desde el directorio determinaron no abonar las licencias gremiales y suspender el aporte solidario a los sindicatos.
Al menos cuatro delincuentes ingresaron esta mañana en la sucursal de la comuna en Cruz Alta y tras reducir a la seguridad se alzaron con el botín. "En dos minutos se robaron un millón", dijeron testigos.
El juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas de la familia del presidente, en el marco de la causa penal en la que se investiga si existió delito en el acuerdo entre el Correo por la deuda que mantiene con el Estado Nacional.
La empresa es una de las estatales que más dinero demanda al Tesoro Nacional. El Gobierno dispuso el despido de 1.700 empleados y espera negociar 0% en paritarias.
En una conferencia de prensa, candidatos y representantes legales del espacio que se impuso en las PASO también reclamaron auditar el software utilizado y la renuncia del responsable de la carga de datos en el Correo Argentino, Alejandro Tullio.
La medida fue ordenada luego de que se ampliara la imputación en contra del presidente, de funcionarios y de los directivos de empresas del grupo Macri vinculadas con el expediente.
La medida se produce a partir de las presentaciones de la fiscal general Gabriela Boquín, quien había denunciado una "licuación de la deuda" de la empresa de la familia presidencial gracias a un acuerdo muy beneficioso con el Estado.
La Auditoría General de la Nación intervendrá en el estudio del acuerdo de condonación de la deuda multimillonaria que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado nacional.
