La fiscal a cargo de la causa, apuntó contra la titular de la Oficina Anticorrupción por haber incurrido en los delitos de violación de deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. La denuncia había sido presentada por diputados del Frente Renovador.
Tras la decisión del mandatario de excusarse de intervenir en el caso y así reconocer que siempre existió el conflicto de interés que antes negaba, la que tuvo que definir fue su vice.
La vicepresidenta no dio lugar a la apelación del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, por la condonación de una deuda de más de 70.000 millones de pesos de la familia presidencial.
Las oficinas del organismo nacional estuvieron cerradas este lunes hasta el mediodía, en reclamo de la reapertura de las paritarias y un aumento por encima de la inflación.
La familia del Presidente, que administra la empresa postal, volvió a proponer cancelar su millonaria deuda recién en 2033, pero en 13 cuotas anuales en vez de 15. Agregó una baja tasa de interés, pero que sólo pagará si gana sus juicios contra el Estado.
La empresa de la familia Macri propuso ceder sus instalaciones de Monte Grande, valuadas en mil millones de pesos, donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial.
Buscan impedir que la fiscal Boquín siga investigando el supuesto vaciamiento de la empresa estatal transfiriendo fondo a dos de las firmas más importantes del holding presidencial.
El procurador interino anuló la designación de Juan Pedro Zoni en la fiscalía federal que ocupaba desde hace tres años y lo envió a un fuero de menor importancia. Había pedido nuevas medidas de prueba y tenía a su cargo otras causas sensibles para el Gobierno.
Ya tiene una deuda acumulada de 4 mil millones de pesos que data del 2001 se rehusa a pagar y, por el contrario, demandará al Estado. En ese sentido, la compañía de la familia del presidente reclama 2.300 millones más intereses
La empresa de la familia presidencial volvió a la carga contra Gabriela Boquín, quien reveló el escandaloso acuerdo que el Gobierno buscaba cerrar por los $70 mil millones con la empresa postal.
El Ministerio de Trabajo aprobó un procedimiento preventivo de crisis, que incluirá el despido de cuatro mil trabajadores en dos etapas. Desde el directorio determinaron no abonar las licencias gremiales y suspender el aporte solidario a los sindicatos.
Al menos cuatro delincuentes ingresaron esta mañana en la sucursal de la comuna en Cruz Alta y tras reducir a la seguridad se alzaron con el botín. "En dos minutos se robaron un millón", dijeron testigos.
El juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas de la familia del presidente, en el marco de la causa penal en la que se investiga si existió delito en el acuerdo entre el Correo por la deuda que mantiene con el Estado Nacional.
La empresa es una de las estatales que más dinero demanda al Tesoro Nacional. El Gobierno dispuso el despido de 1.700 empleados y espera negociar 0% en paritarias.
