Amnistía Internacional pide frenar los desalojos de los pueblos originarios

Los sendos e ilegales desalojos que sufrieron las comunidades originarias en los últimos tiempos en Tucumán despertó el alerta de Amnistía Internacional (AI), que emitió una Acción Urgente instando a sus miembros a manifestarse ante las autoridades de Tucumán y de la Nación.

 

En su informe emitido el viernes, AI solicitó que escriban, en español, diversas notas dirigidas al gobernador de la Provincia, José Alperovich, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, expresando su "preocupación por el peligro de que cuatro familias de la Comunidad India Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso".

 

Además, la ONG exigió incitar a las autoridades "a no llevar a cabo este desalojo forzoso ni ningún otro contra comunidades indígenas de ninguna parte del país, conforme establecen las leyes nacionales 26.160 y 26.554" y a solicitarles que "garanticen que los funcionarios que ordenen y lleven a cabo desalojos forzosos contra comunidades indígenas rinden cuentas de sus actos".

 

Por otra parte, se planteó recordar a los funcionarios públicos “que deben tomar todas las medidas posibles para respetar los derechos de las comunidades indígenas, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989". AI también hizo una mención especial al asesinato del miembro de la comunidad de Chuschagasta, Javier Chocobar y a las amenazas de la que actualmente son víctimas dirigentes comunitarios, como represalias por la defensa de sus territorios.

 

"Cuatro familias indígenas corren peligro inminente de ser desalojadas forzosamente de sus casas en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Podrían sufrir violencia a manos de la Policía, y la pérdida de sus hogares y de sus medios de vida", advirtió la organización. 

 

El 30 de mayo, un juez de la ciudad de San Miguel de Tucumán denegó la petición de la Comunidad India Quilmes de Colalao del Valle de que se detuviera la orden de desalojo contra las familias. Miembros de la comunidad fueron desterrados el 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 de cuatro hectáreas de tierra cuya propiedad reclaman tanto la comunidad como una empresa. En ambas ocasiones reocuparon las tierras días después. Unos policías, acompañados de un juez local, trataron de desalojarlos por tercera vez el 29 de abril de 2011, pero la comunidad se resistió al desalojo. La decisión del 30 de mayo ha dado a las autoridades luz verde para intentar un nuevo desalojo. En la actualidad, unas 30 personas, entre ellas 10 menores, viven en la tierra en disputa.

 

El desalojo de comunidades indígenas está prohibido en la actualidad por la legislación argentina. Las leyes 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional ("relevamiento de tierras") para definir los territorios indígenas.

 

El pueblo indígena Quilmes se compone de unas 3.000 personas, la mayoría de las cuales, aproximadamente 1.000, viven en la zona de Colalao del Valle, al noroeste de nuestra provincia.