La Cámara Electoral cuestionó duramente al Gobierno por privatizar el control del escrutinio provisorio

La Cámara Nacional Electoral formalizó este martes una inédita y dura crítica contra el Gobierno por haber vuelto a privatizar el escrutinio provisorio, que fue entregado nuevamente a la española Indra, en un proceso cuestionado, según publica el sitio La Política Online.

El planteo de la CNE surge a partir del intento del Poder Ejecutivo de instalar que el polémico proceso de licitación realizado a través del Correo Argentino (que realizó un concurso privado y que desde el propio gobierno se anticipaba que sería ganado por Indra), se hizo de ese modo por pedido de la propia Cámara, algo que desde ese organismo ya habían rechazado la semana pasada ante la consulta del mencionado portal.

Ahora, la CNE hizo oficial su posición y en una acordada aclaró que "pese a reiterados requerimientos, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo sin participación alguna de la justicia nacional electoral". A continuación, deja sentado que tampoco tiene participación "en la contratación de prestadores de servicios". Es decir, nada tuvo que ver con la entrega del escrutinio a Indra.

La crítica de la CNE al Poder Ejecutivo revela una escalada de la tensión a partir de que saliera a la luz que el Correo preparaba una licitación a medida de Indra. Antes de conocerse la acordada, estaba previsto que los jueces que integran la Cámara, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, se reunieran en las próximas horas con autoridades del Ministerio del Interior. No está claro finalmente si el encuentro se realizará.

Todo el proceso de entrega del escrutinio a Indra estuvo en las sombras. Meses antes del "concurso privado", el Gobierno había decidido anular una licitación preparada por el secretario de Asuntos Electorales, Adrián Pérez, y que en el sector consideraban impecable. Y traspasó el proceso al Correo, que por ser una SA (aunque el cien por ciento de las acciones está en manos del Estado) puede flexibilizar los procesos de contratación. La maniobra se cerró con la incorporación a esa empresa estatal del ex Director Electoral del kirchnerismo Alejandro Tullio, un conocido nexo de Indra en Argentina y que llegó a ese cargo por gestión del asesor presidencial José Torello.

Finalmente, el viernes pasado se supo que Indra cobrará 25 millones de dólares por realizar el escrutinio provisorio. Lo que llama la atención es el silencio del resto de la clase política ante las sospechas en torno al proceso. En el caso del kirchnerismo ese silencio se entiende, ya que durante los doce años de gobierno también le entregó el escrutinio a Indra, en 2015 por 8 millones de dólares más que ahora.

En la acordada de hoy, la CNE también blanqueó la crítica al Gobierno porque no adoptó las medidas que propuso a principios de año y que en buena medida son las mismas que Cambiemos exigió en 2015, cuando era oposición y sembraba sospechas de fraude por parte del kirchnerismo.

Una de esas medidas era justamente la estatización del escrutinio provisorio y convertirlo en "una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario". De esa forma, sostiene la CNE se podrían haber mejorado las herramientas de fiscalización del proceso y acelerado la difusión de resultados. "Hasta el día de hoy -ya avanzado el cronograma electoral en curso- no se ha obtenido respuesta alguna", remarca la Cámara.

Los jueces destacan también que esas medidas no requerían "un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro". Además, insisten en que las acordadas firmadas a principio de año "en modo alguno suponen la intervención de ninguna empresa privada ni justifican modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros".

Corcuera y Dalla Via también pusieron de relieve que el Poder Ejecutivo tampoco aceptó implementar un sistema de trazabilidad en tiempo real de las urnas, padrones y materiales para las mesas de votación, ni tampoco el escaneo de las actas de cada mesa en el establecimiento de votación, lo que implicaría mayor rapidez y homogeneidad en la difusión de resultados, además de una mejor fiscalización y control para los distintos partidos.

Corcuera y Dalla Via se reunirían el miércoles con Rogelio Frigerio, el funcionario a quien apuntaron de forma indirecta al señalar a la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. De allí surgirá la respuesta que dará el Gobierno a la dura denuncia de la CNE.

(La Política Online, Política Argentina)