21/07/2020

Argentina

INVESTIGACIÓN

La Oficina Anticorrupción pidió 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez

El pedido de penas también alcanza a sus cuatro hijos; su contador, Daniel Pérez Gadín; su abogado Jorge Chueco; entre otros.

La Oficina Anticorrupción (OA) reclamó una condena de ocho años y seis meses de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez como coautor del delito de lavado de dinero y miembro de una banda integrada para comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en el marco de los alegatos del juicio oral retomado hoy por videoconferencia.
El organismo que conduce Felix Crous solicitó, además, que sean condenados a prisión los cuatro hijos de Báez: pidió 8 años de cárcel para el también detenido hijo mayor, Martín; cinco años para Leandro y cuatro años para Melina y Luciana.
En el final de su alegato, la OA también pidió penas para el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, (7 años y seis meses), para su abogado Jorge Chueco (7 años y seis meses), mientras que para el mediático Fabián Rossi, involucrado en las maniobras investigadas, pidió 6 años y 6 meses de prisión, igual que para el financista Federico Elaskar.
En relación al valijero arrepentido Leandro Fariña, la OA solicitó una pena de 3 años de prisión y destacó que sus "aportes han sido corroborados con otros medios probatorios" a la vez que puso como ejemplo que sus dichos sirvieron para probar el "nexo entre Lázaro Báez y la financiera SGI".
Cuando concluía su alegato, la abogada que expuso por parte de la OA, Natalia Pereyra, remarcó que los acusados son "personas instruidas" que "aprovecharon su sapiencia y experiencia para contribuir al quiebre de la ley", en el marco de los hechos ocurridos entre 2010 y 2013, período en el cual se estima que se llevaron a cabo maniobras de lavado de dinero por más de 50 millones de dólares.
El juicio oral, que se retomó hoy, había quedado suspendido a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, dictadas por el Gobierno nacional frente al avance de la pandemia de coronavirus.
El dueño de "Austral Construcciones", todavía detenido en el penal de Ezeiza, aunque podría pasar a prisión domiciliaria si logra reunir la millonaria caución que le fijó el tribunal, se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por videoconferencia.
A las 9.45, quince minutos después de lo previsto y cuando ya estaban conectados a la plataforma "Zoom" casi todos los convocados, el juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, reinició el debate con la continuación del alegato final por parte de la querellante Oficina Anticorrupción.
Báez, sus hijos y otros acusados como Elaskar, Fariña, el contador Pérez Gadin y el abogado Chueco son juzgados por supuestas maniobras de lavado de dinero con fondos ilícitos, que se supone provinieron de la obra pública nacional en Santa Cruz.
La semana pasada, el Tribunal concedió la excarcelación al empresario detenido desde 2016 pero fijó una fianza de 633 millones de pesos que todavía no fue pagada, por lo cual sigue detenido ya que los jueces rechazaron un planteo para concederle prisión domiciliaria, mientras se discute el monto de la caución en instancias de apelación.

La Oficina Anticorrupción (OA) reclamó una condena de ocho años y seis meses de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez como coautor del delito de lavado de dinero y miembro de una banda integrada para comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en el marco de los alegatos del juicio oral retomado hoy por videoconferencia.

El organismo que conduce Felix Crous solicitó, además, que sean condenados a prisión los cuatro hijos de Báez: pidió 8 años de cárcel para el también detenido hijo mayor, Martín; cinco años para Leandro y cuatro años para Melina y Luciana.

En el final de su alegato, la OA también pidió penas para el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, (7 años y seis meses), para su abogado Jorge Chueco (7 años y seis meses), mientras que para el mediático Fabián Rossi, involucrado en las maniobras investigadas, pidió 6 años y 6 meses de prisión, igual que para el financista Federico Elaskar.

En relación al valijero arrepentido Leandro Fariña, la OA solicitó una pena de 3 años de prisión y destacó que sus "aportes han sido corroborados con otros medios probatorios" a la vez que puso como ejemplo que sus dichos sirvieron para probar el "nexo entre Lázaro Báez y la financiera SGI".

Cuando concluía su alegato, la abogada que expuso por parte de la OA, Natalia Pereyra, remarcó que los acusados son "personas instruidas" que "aprovecharon su sapiencia y experiencia para contribuir al quiebre de la ley", en el marco de los hechos ocurridos entre 2010 y 2013, período en el cual se estima que se llevaron a cabo maniobras de lavado de dinero por más de 50 millones de dólares.

El juicio oral, que se retomó hoy, había quedado suspendido a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, dictadas por el Gobierno nacional frente al avance de la pandemia de coronavirus.

El dueño de "Austral Construcciones", todavía detenido en el penal de Ezeiza, aunque podría pasar a prisión domiciliaria si logra reunir la millonaria caución que le fijó el tribunal, se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por videoconferencia.

A las 9.45, quince minutos después de lo previsto y cuando ya estaban conectados a la plataforma "Zoom" casi todos los convocados, el juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, reinició el debate con la continuación del alegato final por parte de la querellante Oficina Anticorrupción.

Báez, sus hijos y otros acusados como Elaskar, Fariña, el contador Pérez Gadin y el abogado Chueco son juzgados por supuestas maniobras de lavado de dinero con fondos ilícitos, que se supone provinieron de la obra pública nacional en Santa Cruz.

La semana pasada, el Tribunal concedió la excarcelación al empresario detenido desde 2016 pero fijó una fianza de 633 millones de pesos que todavía no fue pagada, por lo cual sigue detenido ya que los jueces rechazaron un planteo para concederle prisión domiciliaria, mientras se discute el monto de la caución en instancias de apelación.



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