¿Qué consecuencias habría si el Gobierno suspende o deroga la ley de alquileres?

El Gobierno argentino está buscando avanzar en la suspensión de la Ley de Alquileres, que ha estado en vigencia desde julio de 2020, lo que ha generado incertidumbre y expectativas entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias sobre lo que sucederá con los contratos ya firmados. 

Según fuentes oficiales, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, están trabajando juntos para encontrar una solución al tema y se están considerando alternativas posibles para reemplazar la normativa actual.

Uno de los principales efectos no deseados de la Ley de Alquileres ha sido un aumento en los precios de los nuevos contratos por encima de la inflación. Esto se debe en parte a que el mercado inmobiliario ofrece menos propiedades en alquiler y a precios más elevados. 

Muchos propietarios han optado por retirar sus propiedades de la oferta de alquileres y ponerlas en venta o en renta temporaria, un mercado que ofrece rentas dolarizadas. Desde la sanción de la Ley N°27.551, el costo del alquiler en Argentina ha aumentado un 245%.

La Ley de Alquileres, también conocida como Ley 27.551, establece un plazo mínimo de 3 años para los contratos de alquiler y establece que si el contrato no tiene un plazo determinado, se considera que se celebra por el plazo mínimo de tres años. 

Además, la ley establece que el precio del alquiler debe fijarse como un valor único y por períodos anuales, lo que significa que no se pueden realizar aumentos trimestrales o semestrales.

La fórmula utilizada para los ajustes de precios se compone por partes iguales de las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que es un índice salarial. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente la fórmula, conocida como el Índice de Contratos de Locación (ICL).