Transporte público en riesgo de huelga debido a las malas condiciones económicas

La situación del transporte público en el interior del país, incluyendo Tucumán, continúa siendo crítica debido a la crisis económica que afecta al sector y a la imposibilidad de pagar los salarios acordados con la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), según ha ratificado Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat). 

En declaraciones recientes, el empresario ha enfatizado en la necesidad de que se cumplan los acuerdos y se realice el pago correspondiente por parte del gobierno nacional, ya que de lo contrario, el gremio podría convocar a un paro la próxima semana, especialmente en vista de un fin de semana extra largo por motivos religiosos. "Es imposible seguir enfrentando la inflación sin recursos", aseguró Berretta.

¿Qué dice el comunicado de FATAP?

Durante el mes de febrero de este año, FATAP y la Unión Tranviarios Automotor llegaron a un acuerdo paritario que implicaba el compromiso del Ministerio de Transporte de la Nación de proporcionar los fondos necesarios para sostener el sistema de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del interior del país. 

Este acuerdo contemplaba incrementos salariales para los trabajadores hasta junio de 2023, siempre y cuando se cumplieran las condiciones económicas necesarias para hacerlo viable. 

A pesar de que los representantes del Ministerio de Transporte estuvieron presentes en las audiencias y fueron informados de las condiciones, hasta la fecha no se han cumplido los compromisos asumidos. 

Las empresas prestadoras no han recibido las cuotas correspondientes a febrero y marzo, tal como se establece en la Resolución MT N°86/23, lo que impide que las provincias realicen los desembolsos que corresponden. 

Además, esta resolución ha generado una distribución desigual e inadecuada de los aportes del Fondo Compensador, lo que ha llevado a FATAP a declarar la caída del acuerdo paritario y a anunciar la imposibilidad de afrontar el pago de los incrementos salariales acordados. 

La situación se agrava aún más al considerar que los aportes nacionales establecidos en la Ley de Presupuesto 2023 no reflejan la inflación actual, que tampoco se ve reflejada en las tarifas que fijan los poderes concedentes provinciales y/o municipales para el servicio de transporte, incumpliendo con las estructuras de costos y fórmulas de determinación tarifaria que ellos mismos han predispuesto.

Las empresas del sector, que han sido duramente afectadas por la pandemia de Covid-19 y no han recibido asistencia alguna para paliar sus consecuencias económicas, se enfrentan ahora a dificultades para renovar sus flotas de vehículos debido a la escasez de oferta y los elevados precios de los autobuses disponibles. 

Esto está teniendo un impacto negativo en su capital, ya que no pueden permitirse el coste de renovación y no tienen capacidad para hacer frente a las condiciones económicas y financieras actuales.

Además, esta situación está causando un deterioro en la calidad del servicio que se presta a los usuarios, aumentando los costos de mantenimiento y afectando negativamente la seguridad vial. 

Por este motivo, FATAP está pidiendo a las autoridades competentes, tanto nacionales como provinciales y municipales, que asuman su responsabilidad y tomen medidas para solucionar esta crisis. Tanto los empresarios como los trabajadores del sector están dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios. 

En este sentido, hemos solicitado urgentemente al Ministerio de Transporte de la Nación que convoque al Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros, establecido en el artículo 81 de la Ley de Presupuesto 2023 N°27.701, a fin de que se adopten medidas urgentes para evitar la paralización de la actividad, la pérdida de empleos y la disminución del capital nacional.