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sábado, 18 mayo, 2024
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Violencia estudiantil: Yerba Buena se sumó al decreto de Jaldo que ordena detener a los estudiantes

Las riñas callejeras entre estudiantes de secundaria en el centro de Tucumán han generado preocupación en otros municipios. Un ejemplo es Yerba Buena, donde las autoridades municipales decidieron respaldar el decreto del gobernador, Osvaldo Jaldo, para detener los episodios de violencia entre los jóvenes.

Recordemos que Jaldo firmó el decreto que instruye a la Policía a intervenir en caso de peleas callejeras entre estudiantes. Además, el gobernador ratificó la medida de sancionar a los padres de los jóvenes implicados y a las escuelas a las que asisten.

Ahora, el alcalde de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, ha suscrito un decreto municipal de adhesión a las medidas dictadas por Jaldo. Este documento destaca que los altercados ponen en peligro la vida y la seguridad tanto de los involucrados como del resto de los alumnos de una institución específica, así como de los ciudadanos que se encuentren en las proximidades.

Jaldo recordó que en 2017 ocurrieron hechos similares que resultaron en la muerte del joven Matías Albornoz Piccinetti, de 17 años, en el centro de San Miguel de Tucumán. El decreto de Yerba Buena también hace referencia a este trágico evento.

«La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -dice el decreto de Yerba Buena- implica la responsabilidad de los organismos estatales en la formulación y ejecución de políticas públicas que siempre prioricen el interés de las personas».

Asimismo, el gobernador Jaldo determinó que las instituciones educativas deben implementar dentro de sus recintos medidas para garantizar la vigilancia y sancionar cualquier acto de vandalismo.

El decreto municipal «establece la adhesión de la Municipalidad de Yerba Buena al decreto 1290/1 emitido por el gobierno de Tucumán en su totalidad».

El decreto de Jaldo instruye a las escuelas, tanto públicas como privadas, a las que asisten los estudiantes involucrados, a aplicar medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. En el caso de las instituciones que reciben subsidios y aportes del Estado, la Provincia de Tucumán puede decidir la suspensión de estos beneficios.

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